Una transición que desplaza los costos de la descarbonización sobre quienes menos contribuyeron a la crisis no es una transición verde. Es una nueva forma de cercamiento.
La prisa global hacia la energía renovable, los mercados de carbono y la infraestructura verde está remodelando paisajes a través del Sur Global a un ritmo que supera la capacidad de las comunidades afectadas de responder. Parques eólicos en la Caatinga brasileña, parques solares en el Sahel, represas hidroeléctricas en la Amazonía — cada uno de estos proyectos se enmarca como un paso necesario hacia un futuro sostenible. Sin embargo, la pregunta que se evita sistemáticamente es: ¿sostenible para quién? Cuando una compañía de energía eólica instala turbinas en tierras de pastoreo colectivamente gestionadas, la contabilidad de carbono puede mejorar, pero el tejido social de las comunidades que dependen de esa tierra se desgarra.
El concepto de una transición justa ha surgido para abordar esta tensión, pero permanece peligrosamente poco especificado. En su uso más común, una transición justa significa garantizar que los trabajadores en industrias de combustibles fósiles sean reentrenados para empleos verdes. Este es un marco necesario pero profundamente insuficiente. Ignora completamente las dimensiones territoriales de las transiciones energéticas — el hecho de que la nueva infraestructura energética ocupa espacio, que esta ocupación transforma regímenes de tenencia de tierra, que los beneficios de la producción de energía fluyen hacia consumidores distantes mientras los costos permanecen incorporados en paisajes locales.
La investigación en diecisiete comunidades en el estado de Bahía revela un patrón consistente: los proyectos de energía verde llegan a través de procesos que espejo la lógica extractiva de las industrias que afirman reemplazar. La tierra se arrienda o se compra a través de negociaciones que excluyen estructuras de gobernanza comunitaria. Las evaluaciones de impacto ambiental tratan el territorio como una superficie física en lugar de como un espacio socialmente producido. Los mecanismos de compensación operan en base individual, fragmentando sistemas de gestión de tierras colectivos que dependen de la cooperación. Los arreglos espaciales de la vieja economía extractiva se reproducen en ropa verde.
Esto no es una falla de implementación. Es una característica estructural de modelos de transición que separan objetivos ambientales de la justicia territorial. Cuando los marcos de política tratan la descarbonización como un objetivo técnico a lograr a través del despliegue espacial más eficiente en costos de infraestructura, inevitablemente gravitan hacia los territorios donde la tierra es más barata, la gobernanza es más débil y la resistencia se vence más fácilmente. Estos son, sin excepción, los territorios de las comunidades más pobres y marginalizadas.
Una transición genuinamente justa requiere repensar la relación entre la política energética y la gobernanza territorial. Significa reconocer que las comunidades en cuyas tierras se construye infraestructura verde no son obstáculos a ser gestionados o partes interesadas a ser consultadas, sino autoridades de gobernanza legítimas cuyo consentimiento y participación deben moldear los términos de cualquier transición.
Esta posición tiene implicaciones concretas. Significa que los mecanismos de distribución de beneficios deben operar a nivel comunitario, no individual, y deben ser diseñados en diálogo con estructuras de gobernanza colectivas existentes. Significa que las evaluaciones de impacto ambiental deben incorporar criterios de justicia espacial — evaluando no solo efectos ecológicos sino la transformación de tenencia de tierra, acceso a recursos y arreglos institucionales. Y significa que la planificación de transición debe ser entendida como una forma de desarrollo regional, no meramente como política energética — una que integre soberanía territorial, seguridad de medios de vida y sostenibilidad ecológica como objetivos inseparables.
La alternativa — una transición verde que reproduce las injusticias espaciales del capitalismo extractivo — no es solo éticamente insostenible. Es prácticamente insostenible. Las comunidades cuyo sistemas de gobernanza se destruyen no absorben silenciosamente los costos. Resisten, se organizan y responsabilizan a los proyectos. Una transición construida contra las comunidades fracasará. Una transición construida con ellas — en sus términos, en sus territorios, a través de sus instituciones — es la única que tiene oportunidad de perdurar.